Recientemente, el presidente Mauricio Macri volvió a pronunciarse sobre “la mafia de los juicios laborales” apuntando contra “un grupo de estudios laboralistas y un grupo de jueces minoritarios laboralistas conducidos por (Héctor) Recalde que le han hecho mucho daño a la Argentina”.
Como Macri no aportó ningún dato que acompañe sus temerarias afirmaciones, vale la pena hacer el esfuerzo de intentarlo. ¿Cuántos juicios laborales hay en la Argentina? ¿Quiénes miden la litigiosidad laboral? ¿De dónde surgen los datos que la prensa toma por ciertas?
La mejor manera de acceder a datos es a través de los requerimientos iniciados en el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral). En el último período, se detectó un aumento de la proporción de conciliaciones (acuerdos previos que no llegan a juicio) de un 43% de los expedientes ingresados.
Esto se debe en gran medida a la sensible baja en la creación de empleo y aumento de la desocupación registrado en 2016. Esto significa que más cantidad de trabajadores/as prefiere acordar su reclamo por una suma menor, ya que las expectativas de conseguir otro empleo bajan, y la necesidad de percibir una suma inmediata es mayor.
Otra de las fuentes emerge de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART). Según sus datos, los últimos diez años evidencian un marcado aumento de la litigiosidad laboral, pasando de 23,9 juicios promedio por cada 10 mil trabajadores en 2007 a 138,6 en 2016. El aumento resulta evidente, y la evolución es similar a la registrada en el sector de riesgos por las estadísticas oficiales.
Cuando un trabajador/a sufre un accidente en el contexto de sus tareas, o dirigiéndose a trabajo, las ART deben pagar prestaciones de salud, garantizar la atención médica y abonar la reparación por los daños sufridos. ¿Qué sucede? Las ART intentan evadir los pagos de los accidentes por todos los medios disponibles. Muchos/as trabajadores/as quedan desamparados y es entonces que se ven obligados/as a iniciar demandas en la justicia laboral.
Ése es el motivo principal por el cual la UART elabora un índice de litigiosidad en base a datos propios. Con la asunción de Cambiemos, la entidad logró la reforma de la Ley de Riesgos, con la misión de reintroducir las Comisiones Médicas como órgano administrativo obligatorio previo a todo reclamo. Es decir, introducen un filtro más para mejorar la performance de las aseguradoras.
Para que esto surta los resultados esperados necesitan ahora debilitar a la Justicia Laboral. La única manera de asegurarse reducir los pagos de sentencias es desplazar a los/as jueces/zas que invariablemente dictaminan en su contra en cumplimiento de la ley vigente.
El único sistema mafioso es la conducta de las aseguradoras que sin tener la consideración más mínima sobre la salud de los/las trabajadores/as, rechazan a mansalva accidentes laborales, y con una interminable variación de excusas “médicas” y chicanas “jurídicas”, logran hacer desistir al trabajador/a en su reclamo.
El Estado debería elaborar una estadística que incluya los índices de siniestralidad, la cantidad de conciliaciones laborales, el índice de judicialidad y de sentencia. No se puede depender de cifras elaboradas por el sector privado.
Mientras tanto, el Gobierno nacional le atribuye a un puñado de jueces y abogados lo que pareciera ser un problema sistémico. Estos cuestionamientos son el plafón para luego impugnar las leyes de fondo que conforman el derecho laboral argentino, pero especialmente dirigido ya no al caso del sistema de riesgos, sino a facilitar la rotación y el despido express.
FUENTE | http://www.lapoliticaonline.com
