El titular del Colegio de Abogados de La Plata rechazó las declaraciones de Mauricio Macri sobre presuntas “mafias” en los juicios laborales y cuestionó varios aspectos de la nueva reglamentación
Hernán Colli está al frente del Colegio de Abogados local desde 2012. Además, es subsecretario de la institución que nuclea a los profesionales del Derecho a nivel provincial. En diálogo con diario Hoy, le respondió al Presidente Mauricio Macri sobre una supuesta “mafia” entre los letrados que llevan a iniciar causas judiciales.
“Rechazamos este tipo de declaraciones, porque nos parece que la regeneración que se pretende realizar no se condice con lo que sucede en la región. La denuncia sobre una supuesta mafia no viene acompañada de ningún dato concreto. Es únicamente un comentario descalificador hacia los abogados en general, no solo hacia aquellos que defienden a los trabajadores, sino también hacia el resto de los letrados que intervienen en los procesos judiciales, tanto en la representación de los empleadores como de las compañías de seguros”, comentó Colli.
Para diferenciar la postura del mandatario con los datos reales, el abogado puntualizó: “Tenemos las estadísticas, que por otra parte son públicas, y no se ve un incremento significativo de los juicios laborales. De hecho, hay un incremento muy importante en el fuero de familia, pero no en el laboral. Y si uno tiene en cuenta las estadísticas oficiales, casi un 40% de los trabajadores está en la informalidad, lo que podría llegar al 50% si se consideran los que están indebidamente registrados y que se encuentran parcialmente en blanco”.
“El Estado está ausente, no solo en este gobierno sino desde hace muchísimos años, en lo que tiene que ver con la seguridad, la salubridad y la higiene con respecto a las condiciones de trabajo. Realmente, la incidencia de los juicios laborales es escasamente significativa si se tiene en cuenta una población económicamente activa de casi 20 millones de personas. No hay tantos juicios frente a este otro condicionante que estoy enunciando”, añadió.
Las comisiones médicas
Con respecto a la nueva norma de ART que aprobó el macrismo, Colli opinó que “la nueva ley no resuelve el problema, porque la realidad de los riesgos de trabajo primero está en la ausencia de políticas de prevención, y en segunda medida porque esa norma (no la parte que se modificó, sino otros aspectos) fue declarada inconstitucional hace más de diez años. Y esa declaración de inconstitucionalidad no la supera el nuevo reglamento, sino que la profundiza”.
“En todo este tiempo lo que se ha generado es que los trabajadores se vean obligados a reclamar una circunstancia, cuya inconstitucionalidad está planteada por el ordenamiento jurídico, para poder proteger sus derechos”, agregó.
En este marco, el abogado aclaró que la cuestión de fondo es “cómo un empleador, que paga un seguro de riesgo de trabajo, se puede quedar tranquilo en la medida en que cumpla sus tareas, sabiendo que la aseguradora le cubre los riesgos y que si sucede un accidente no van a ir contra él, sino contra el seguro. El sistema se ha tornado muchísimo más dificultoso, porque se insiste con las comisiones médicas que, en definitiva, exponen a profesionales de la salud a dirimir conflictos que son, ante todo, jurídicos, en los que hay que interpretar normas. La vinculación de los médicos con la Justicia es que son auxiliares, en cuanto a que pueden hacer peritajes pero no pueden resolver situaciones como jueces”.
“Los litigios laborales no son determinantes como para que cierre una pyme”
El presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli, también aclaró que los litigios laborales no son determinantes para que cierre una pequeña y mediana empresa.
“En términos generales, cuando una pyme debe cerrar sus puertas muchas veces tiene que ver con otros tipos de condicionantes, como por ejemplo la enorme carga tributaria que tienen todos los contribuyentes en general, sin que haya un tratamiento preferencial o especial para el sector de pequeñas y medianas empresas”.
Colli continuó: “Además, también influyen las condiciones de competitividad, que muchas veces no las pueden soportar de la misma manera en que sí lo hace una gran compañía, y circunstancias costo-financieras que no tienen que ver con la situación de esa pyme”, detalló el letrado.
Sobre este punto, destacó que “cuando uno habla en términos generales tiene que sustentarse en estadísticas que justifiquen las apreciaciones, porque obviamente todo el mundo va a conocer el caso de una pyme que tuvo un trabajador que padeció un accidente, y ante la circunstancia de no poder afrontar el pago del mismo pudo haber cerrado. Lo cierto es que esto está explicado desde una generalidad, y además el Estado no puede desentenderse de la responsabilidad de proteger a las pequeñas y medianas empresas. Es parte de los propios poderes del Estado establecer ordenamientos jurídicos justamente para fijar esta protección”.
FUENTE | http://diariohoy.net/
