En febrero de 2017, producto del consenso de todos los sectores (empresario, sindical, Estado y aseguradoras) se sancionó una reforma al sistema de riesgos del trabajo (ley 27.348), cuyos objetivos fueron el de disminuir la altísima litigiosidad que, por demandas de accidentes laborales, amenazaba al sistema y el de mejorar las indemnizaciones, entre otros.
Uno de los cambios establecidos radicó, fundamentalmente, en el procedimiento para dirimir controversias en cuanto a la cuantificación de la discapacidad remanente luego de un accidente laboral.
