“Si adhiriéramos a la presente normativa, estaríamos delegando expresamente una facultad en el Estado nacional que el constituyente reservó a las provincias” dijo el senador ameghinense Patricio García.
Los senadores del Bloque Peronista del Senado de la provincia de Buenos Aires recibieron a los representantes de UPCN, de Sadop, del Foro de Institutos del Derecho del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y del Frente Intersindical CGT-CTA quienes le acercaron su preocupación por la posible adhesión provincial a la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo.
Luego de las reuniones, desde la bancada peronista, presidida por el senador ameghinense Patricio García, realizaron un documento en el que detallan las principales previsiones de la Ley Nacional 27.348 – Ley de Riesgos de Trabajo.
En el entendimiento de que se trata de una norma regresiva, plantearon algunas consideraciones que justifican la no adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la mencionada ley nacional.
Entre los puntos planteados en el documento, se sostiene que la nueva norma no puede interferir en una competencia que corresponde a las provincias, también se rechaza la ratificación de artículos declarados inconstitucionales.
Por otro lado, esbozan que minimizar el alto nivel de litigiosidad en el fuero laboral no habilita al Estado a avasallar los derechos de los trabajadores, de igual manera la iniciativa pone en desigualdad de condiciones a los trabajadores no registrados sobre los registrados.
Luego de reunirse con los principales referentes sindicales, el presidente del bloque peronista expresó su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno provincial adhiera a la Ley 27.348
“Si adhiriéramos a la presente normativa, estaríamos delegando expresamente una facultad en el Estado Nacional que el constituyente reservó a las Provincias” dijo.
En ese sentido, García agregó que la Corte Suprema manifestó en varias oportunidades y a raíz de los reclamos de trabajadores que llegaron a esa instancia “la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Riesgos de Trabajo preexistente que, no obstante, fueron ratificados en el nuevo texto”.
“Consideramos -continuó- que el fin de minimizar el alto nivel de litigiosidad en el Fuero laboral no habilita al Estado a avasallar los derechos de los trabajadores. Todo lo contrario, lo convierte en autoritario y castiga a la parte más desprotegida de la relación laboral”.
Por otra parte, el referente peronista remarcó que la norma realiza una diferenciación entre trabajadores registrados y aquéllos que no: “A los primeros, les aplica el procedimiento de instancia obligatoria, excluyente y única mientras que los no registrados mantienen expedita la vía judicial, estableciendo un trato diferencial inaceptable y en contraposición con lo que establece el art. 16 CN”.
“Creemos firmemente que la posible adhesión a la Ley 27.348 que establece la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente vulnera la garantía constitucional de acceso irrestricto a la justicia de acuerdo a lo normado por el Artículo 15 de la Constitución Provincial”, finalizó.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires resolvió hacer una resolución en la que también solicita no adherir a la Ley 27.348.
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