El superintendente de Seguros de la Nación se reunió con el ministro de Justicia de la provincia. Hay 14 distritos en el país que ya adhirieron al nuevo esquema legal. Juan Pazo asegura que de esa manera bajaron el costo laboral.
“Esto afecta a la competitividad. Y a menor competitividad, menos empleo”, definió el superintendente de Seguros de la Nación, doctor Juan Alberto Pazo, quien mantuvo una entrevista con el ministro de Justicia de la provincia -Ricardo Silberstein- para analizar la eventual adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de Riesgos del Trabajo.
Mendoza, Córdoba, ciudad de Buenos Aires o Entre Ríos ya lo han hecho. La provincia de Buenos Aires sancionó su adhesión en diciembre, mientras que en Santa Fe hay dos proyectos del PRO en la Legislatura, según detalló al funcionario nacional la diputada provincial de Cambiemos, Alejandra Vucasovich, con quien también se reunió.
Falta, sin embargo, una definición política del oficialismo provincial. La Unión Industrial de Santa Fe le ha pedido especialmente al gobernador Miguel Lifschitz la adhesión a la norma nacional, que cuenta por otra parte con severas críticas de los abogados laboralistas y algunos cuestionamientos por inconstitucionalidad.
Sin embargo, Pazo remarcó que la norma -por la que tanto insiste el presidente Mauricio Macri- “es una excelente manera de proteger y generar puestos de trabajo. Bajar costos implica generar más trabajo y casi el 80 % del mercado ya ha adherido a la ley”, señalo en referencia a lo que abarcan los 14 distritos en los que la norma está vigente.
Sobre las desventajas o riesgos que correría la economía santafesina en caso de que la provincia no adhiera, Pazo explicó que “podría haber un incremento de la litigiosidad como lo hubo en la provincia de Buenos Aires, por el aumento de la cantidad de juicios que se radican en la provincia; hay 14 distritos ya adheridos y varias compañías de seguros están radicadas en la provincia de Santa Fe”, que podría -sin el amparo de la nueva norma- concentrar demandas en su jurisdicción.
“Hay un riesgo por las compañías que tienen domicilio legal en la provincia de Santa Fe. Es un riesgo que existe claramente. La provincia de Buenos Aires lo sufrió con un incremento del 50 de la litigiosidad”, explicó el funcionario nacional.
“El informe de caída de litigiosidad (ver nota relacionada) demuestra la diferencia en el efecto que tuvo la adhesión a la ley respecto de aquellas que no lo hicieron”. Consultado sobre las respuestas de Silberstein a su planteo, Pazo destacó que en la provincia “van a trabajar en el tema. Nosotros contamos nuestra visión sobre cuáles son los peligros para Santa Fe en caso de no adherir”.
“La autoridad provincial nos ha respondido que esto tiene que pasar por la Legislatura y que hay que trabajar para lograr los consensos necesarios. Nosotros planteamos nuestra ayuda para mantener encuentros con legisladores, los sindicatos y con la gente para aclarar los problemas que esto puede traer a la provincia”.
Más costo laboral
La no adhesión a la nueva ley de ART, según el criterio de Pazo, “aumenta el costo laboral de la provincia de Santa Fe y la hace menos competitiva respecto de otras jurisdicciones. De esto no hay dudas y no hay cuestionamientos: el órgano de control de las tarifas somos nosotros; si suben los juicios el riesgo es mayor y los costos son mayores. Radicar una compañía en una provincia que adhiere a la ley y le baja la judicialidad, que tiene menos juicios, tiene por tanto menor riesgo. Y el valor de la ART va a ser menor en esa provincia respecto del de otra que no adhirió”.
Comisiones médicas
Pazos no abrió juicios de valor sobre las objeciones de constitucionalidad, pero en cambio sobre las objeciones sobre constitucionalidad y la constitución de las comisiones médicas, “se está haciendo”.
Lo que hemos hecho es dar charlas y estar en contacto con los miembros de Cortes provinciales para contarles cómo vemos la problemática. A partir de ahí, la Justicia es un poder independiente”, evaluó el funcionario nacional ante la consulta.
Respecto de una eventual resistencia sindical a la norma, Pazo dijo que “no entiendo cuál es el interés gremial en la no adhesión a la ley; lo que se está atacando es la industria del juicio. Buscamos un acortamiento de los plazos para que efectivamente los trabajadores reciban la compensación que les corresponda.
No adherir a la ley de ART afecta tanto a las Pymes como a las grandes firmas, pero en función de costos, siempre es más problemático para una pequeña y mediana empresa.
28,5 % aumentó la cantidad de demandas en la provincia de Buenos Aires.
De marzo a octubre, los juicios pasaron de 2.685 a 3.450; pero en diciembre, el Senado bonaerense aprobó la adhesión a la ley nacional.
Fuente: LaNAcion
