Piden una ley que frene los juicios para que disminuyan los elevados costos que imponen las ART a las empresas, con una alícuota que en muchos casos representa 15 puntos de la masa salarial.
En la actualidad, las pymes metalúrgicas atraviesan una paradoja: los accidentes laborales disminuyen, pero los juicios no paran de crecer. Estamos ante un constante aumento de la litigiosidad en los últimos años, que se disparó tras la reforma de 2012.
Los datos señalan que cada mes ingresan en un juzgado laboral entre 80 y 100 nuevos expedientes y que hay aproximadamente 300 mil causas abiertas, que traducido a dinero, son más o menos u$s 5000 millones, alentando un panorama sombrío.
Por ello, es necesaria una nueva ley que elimine ‘la industria del juicio’, la cual pone en riesgo a un gran número de pequeñas y medianas empresas, un sector productivo que emplea a más del 70% de los trabajadores del país, de esta manera disminuirá los elevados costos que imponen las ART a las empresas, con una alícuota que en muchos casos representa 15 puntos de la masa salarial, y que de acuerdo a normas vigentes prevén un techo de 20 puntos, algo totalmente desmesurado a lo que sucede en el resto del mundo.
Es que, si bien las aseguradoras cumplen su función y los accidentes laborales han disminuido, la alícuota sostiene en gran medida a la ‘industria del juicio’.
En los países desarrollados la alícuota ronda entre 0,5 y 1,5 puntos de la masa salarial. En cambio, en la Argentina de cada $ 100 de salario, $ 15 son para la ART y gran parte de ello para ser aplicados a los pagos que devienen de los juicios. Así, el costo laboral que enfrentan las empresas crece, repercutiendo en su competitividad, limitando el nivel de los salarios y desalentando la generación de empleo.
La industria del juicio decididamente no favorece a los trabajadores, y son mayormente abogados y peritos, los que se quedan con ‘el gran negocio del juicio’, sumado a que en el Fuero Laboral, el Poder Judicial es marcadamente pro trabajador, permitiendo demandas con ausencia de pruebas, o avalando sentencias que perjudican abiertamente a las pymes, generando una gran incertidumbre en las relaciones laborales.
Otra consecuencia negativa para los trabajadores, es que crea una tendencia a la informalidad en el sector, o no se emplean a nuevos trabajadores recurriéndose a aumentar las horas extras o se apuesta por la automatización de los procesos, o peor aún el empresario decide no aumentar la producción, aunque pierdan mercado y competitividad, pero es mucho mayor el temor a perder la empresa a manos de artilugios legales. Esta situación, lamentablemente comenzó a ser notoria y profundizarse en los últimos años.
En definitiva, la industria del juicio avanza generando una pérdida de competitividad (al aumentar los costos) y de creación empleo (ante el temor a juicios injustificados). Y en muchos casos, lleva al colapso o cierre definitivo de las pymes.
De prosperar todos los juicios vigentes en la actualidad, todo parece indicar que las ART no podrán hacerles frente y como consecuencia volverán a subir las alícuotas, o directamente las indemnizaciones las absorberán las pymes, llevándolas a las quiebra. Por eso, es imprescindible e impostergable diseñar una nueva legislación, consensuada con todos los sectores involucrados, que permita resolver este grave problema.
FUENTE | http://www.diario26.com/
