El 95% de los que consulta consume alcohol, la mitad de ellos también otras drogas.
El consumo de drogas en el ámbito laboral podía ser antes motivo de despido. Ya no lo es. Desde 2006 rige un decreto que obliga a las empresas a mantener negociación bipartita en el ámbito de salud laboral. Ese decreto plantea el tema como una cuestión de salud laboral –recomendación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)– y señala que se le debe proporcionar al trabajador atención para su rehabilitación.
En los últimos años el problema se ha agudizado y por eso desde la Junta Nacional de Drogas, junto con el PIT-CNT, la Universidad de la República y la fundación Luna Nueva, crearon un programa que funciona en el Hospital de Clínicas para atender a los trabajadores con adicciones.
Cecilia Miller, una de las responsables del programa, explicó a El Observador que se dan garantías a ambas partes, “tanto al sector empleador que resigna la potestad de disciplinar, como al trabajador que accede a exponer su problema”.
Miller informó que de los trabajadores que han consultado, el 95% lo han hecho por consumo problemático de alcohol. “De ese 95%, la mitad consume exclusivamente alcohol; la otra mitad tiene policonsumo: alcohol y cocaína, alcohol y marihuana, o alcohol y pasta base”.
Estas otras sustancias se reparten entre la población de acuerdo con el perfil social. La gente más joven consume marihuana, y si se trata de jóvenes de la periferia hay mayor consumo de pasta base. “Los centros de trabajo que nuclean a gente joven de la zonas periféricas, encuentran mayor consumo de esa droga”, indicó.
Agregó que si se trata de trabajadores de la salud, es más frecuente el uso de psicofármacos porque tienen acceso a ellos.
Con respecto a si existen profesiones que tienen más problemas de consumo que otras, Miller indicó que llegan trabajadores de todas las profesiones. “Podes tener un bancario, un obrero, la diferencia está en el tipo de droga que consume”, aseguró.
La coordinadora del programa sostuvo que “lo bueno” de intervenir en el ámbito laboral es que es “una intervención temprana. Si la persona todavía tiene el trabajo quiere decir que no está tan desestructurada” y se puede poner remedio.
La Unidad de Asesoramiento Integral en Drogas y Trabajo hace primero un diagnóstico de la persona para definir si tiene un consumo problemático.
Si es así se lo deriva para el tratamiento a Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos. El sistema integrado de salud sólo cubre un mes de tratamiento ambulatorio en una institución mutual. Si es necesario se lo deriva a algún otro centro con los que hay convenio para su tratamiento.
También hay empresas que ayudan a pagar los tratamientos. Por ejemplo, el Banco de Seguros del Estado (BSE) tiene un rubro destinado a financiar tratamientos de sus funcionarios hasta determinado monto.
Miller afirmó que el 98% de los tratamientos se hacen en forma ambulatoria. “La premisa es que no deje de trabajar. Puede pasar que se requiera un cambio de tarea, si es un trabajo de riesgo, o un cambio de horario. Pero son pocas las situaciones en las que tenés que internar. Depende del nivel de consumo”, dijo.
Aunque se lo derive se hace seguimiento semanal del paciente, y finalmente se hace un informe de egreso. El egreso ocurre cuando el trabajador cumplió el tratamiento o porque no cumplió, y egresa por abandono. “Puede egresar porque no hay respuesta terapéutica, porque hay deterioro cognitivo o discapacidades”, señaló.
En el caso de un funcionario público al que se le inicia un sumario, se determina que sanción cometió pero el sumario queda en suspenso mientras se lo deriva al tratamiento. Cuando egresa, si el informe es favorable, se archiva el sumario. Si no, se aplica la sanción y se lo puede llegar a destituir.
En el ámbito de la actividad privada sucede algo similar. En la negociación bipartita se acuerda esperar al informe de egreso. Si no cumple con el tratamiento el trabajador puede ser despedido.
Miller mencionó que ha habido casos de empresas que sin haber tenido convenio despidieron a un empleado pero el sindicato negoció y luego de un año de tratamiento fue retomado.
El coordinador del Departamento de Prevención de la Junta Nacional de Drogas, Augusto Vitale, dijo a El Observador que esta línea de acción es “prioritaria” para el organismo. Lo importante es que la empresa lo tome como un problema de salud y que le de la licencia por enfermedad si es necesario. A su vez, el trabajador debe atenderse y regresar.
Aunque son los menos, hay algunos en situación de calle por el consumo. “Perdieron la familia, se endeudan para consumir y lo único que les queda es el trabajo”, expuso Miller.
Si me hablaban hace un año del consumo de drogas en el trabajo como un problema, no lo consideraba. Pero hoy es un tema que está sobre la mesa y que preocupa mucho a las empresas”.
La afirmación corresponde a Ferdinando Cuturi, presidente de Deres, asociación de empresas que trabaja para desarrollar el concepto de responsabilidad social empresarial en el Uruguay.
Ante la creciente preocupación por este tema, Deres organizó una conferencia la semana pasada sobre consumo en el ámbito laboral que fue dada por el médico toxicólogo Antonio Pascale. El profesional planteó la necesidad de prevenir cualquier tipo de uso o consumo (…) ya que incluso “el uso racional (de sustancias puede interferir en las habilidades del trabajador”.
En su opinión las empresas deberían tener un departamento dedicado a abordar este problema y hacer relevamientos internos para conocer la realidad de su personal y saber cómo enfrentar el asunto (ver entrevista).
El director ejecutivo de Deres, Eduardo Shaw, afirmó que el problema “tiene cada vez mayor incidencia en la vida de las empresas y existe por un lado, falta de conocimiento de cómo abordar este tema acompañada de una falta de conocimiento sobre los recursos disponibles ya sea en el sector público, mutualismo, organizaciones sociales”.
Cuturi agregó que lo que han podido “palpar” es que las empresas no saben hasta que punto las comprende el tema. Desde Deres se entiende que las compañías tienen que acompañar este proceso porque interfiere en la vida laboral y en la vida diaria.
Cuando surge un caso de consumo la oficina de Recursos Humanos tiene que saber cómo actuar. “Es el momento de darle soluciones a la persona. Ninguna empresa encara el tema con un despido. Hay que velar por la no discriminación”, dijo.
El empresario introdujo otro elemento. “No siempre el afectado es el empleado, también puede serlo un hijo o la pareja y eso afecta tanto al trabajador como si fuera el afectado”, sostuvo.
Miller afirmó que la consulta por adicciones de los familiares es “tan frecuente” que el programa abarca a hijos y cónyuges. “Ahí se da un fenómeno interesante, por lo general son las mujeres (las madres) las que acuden ante una adicción de un hijo, pero en ámbitos laborales de presencia masculina, los hombres adquieren confianza (en el programa) al ver que otros compañeros salieron del problema y se está viendo que son padres mayoritariamente los que llevan los hijos”, señaló.
Para egresar del programa el trabajador debe haber estado un año sin consumir. Según Miller, la rehabilitación que se alcanza es muy alta ya que entre el 56% y el 70% de quienes se acercan abandonan la adicción.
A su juicio eso se logra porque el entorno contiene al trabajador. Como se intenta que siga trabajando, el ambiente laboral resulta continente. “Además, después de que egresan se da que el propio colectivo de compañeros de trabajo está atento, y si tiene una recaída enseguida lo hacen consultar nuevamente lo que evida el declive”, explicó.
Otro factor que influye es el seguimiento semanal del empleado –algo que no ocurre en la mayoría de los tratamientos– .
En cuánto al tiempo que lleva rehabilitarse, Miller indicó que en muchos casos alcanza con un año de tratamiento, en otros casos son necesarios dos años.
Fuente: ElObservador
