Se cumplen 20 años de la normativa y la importante reducción en la siniestralidad es uno de sus logros más significativos. Sin embargo, la intensa y creciente judicialidad espuria pone en juego su supervivencia. Se necesitan acuerdos con las provincias para que los poderes judiciales de cada jurisdicción acepten la decisión de proteger a los trabajadores a través de un sistema basado en reglas de aplicación automática y transparente y no en la arbitrariedad.
