El juez subrogante del Juzgado Nacional del Trabajo N° 41, Alejandro Aníbal Segura, dictó la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 57/2017 publicado en el Boletín Oficial que exige, con carácter obligatorio y excluyente, a los trabajadores que sufran un accidente de trabajo iniciar un procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, antes de promover una demanda ante el Poder Judicial.
El Gobierno oficializó mediante un DNU la modificación del Sistema de Riesgos de Trabajo , con el argumento de que la reforma ameritaba realizarse con urgencia ante el fin de la feria judicial, que concluyó con la llegada de febrero.
El DNU del presidente Mauricio Macri que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo señala en sus argumentos que se provocó una proliferación de litigios individuales que ponen en riesgo la finalidad de la Ley 24.557 y sus modificatorias para asegurar reparaciones suficientes.
Y agrega que tal afectación se ha agravado al punto que en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (CCMM).
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en declaraciones radiales defendiendo el DNU señaló que en los últimos años hubo “un crecimiento casi exponencial en la cantidad de litigios a partir de accidentes de trabajo, pero no había crecido la cantidad de accidentes, sino que había bajado, que había crecido la industria del juicio y que hay casi u$s4.500 millones en pasivos contingentes para ser resueltos en estos litigios, debiendo dar una solución a este tema y lo hicimos cuidando los de los trabajadores”.
El ministro parece desconocer que precisamente los damnificados han recurrido a la justicia ante el fracaso de las CCMM diseñadas originalmente por la Ley 24.557, por el carácter restrictivo de su accionar en el reconocimiento de incapacidades, su connivencia con las ART, el rechazo de la mayoría de las enfermedades laborales siendo falso que se haya reducido el nivel de siniestros, contradiciendo las estadísticas de siniestralidad y la existencia del sector informal.
Desconoce el ministro que el derecho a acceder a acceder a la Justicia ha sido habilitado por la Corte Suprema en los fallos de “Castillo”, “Venialgo” “Marchetti” y “Obregón”, tiene raigambre constitucional.
Especialmente en el fallo “Obregón” la Corte fundó la inconstitucionalidad de las CCMM en que se le imponía a las víctimas el paso por una vía administrativa previa, lo que significaba retrasar injustificadamente el acceso a la jurisdicción natural, afectando al orden público.
El acceso a la justicia ha permitido a los damnificados la posibilidad de presentarse ante un Juez laboral especializado, con independencia y estabilidad en sus decisiones y con la debida defensa letrada, la intervención de peritos de oficio, la amplitud de prueba, como siempre sucedió en nuestro país, hasta que fue sancionada la Ley 24.557, a cuyos orígenes se quiere retroceder ahora, desconociendo esta jurisprudencia que invalidó el inconstitucional procedimiento original.
El derecho de reparaciones suficientes se obtuvo con mayores garantías ante la Justicia, y no ante las CCMM restrictivas en la concesión de incapacidades, reconocimientos de enfermedades, y dirigidas por médicos inidóneos para las funciones de dirimir los conflictos netamente jurídicos de los infortunios laborales.
Se pretende absurdamente insistir en atribuir funciones de Tribunal Administrativo a un órgano compuesto por médicos cuyo aporte técnico es esencial en el dictamen de los aspectos que hacen a su profesión, pero que no están formados para dictar resoluciones sobre la naturaleza jurídica y laboral de los accidentes o enfermedades del trabajo, por ejemplo, si se trata de un accidente o fue un hecho en ocasión de trabajo y otras cuestiones procesales.
No cualquier controversia puede ser válidamente dilucidada por órganos administrativos. Las CCMM carecen, con toda evidencia, de las condiciones mínimas para ejercer dicha jurisdicción ya que están compuestas por profesionales del arte de curar y, sin embargo, deberán administrar justicia.
La determinación del carácter laboral del accidente o profesional de la enfermedad, y la relación causal con el factor laboral, constituyen materias que exceden notoriamente la versación y competencia brindada por los conocimientos médicos, y requieren indudablemente un conocimiento técnico-jurídico del cual los médicos, más allá de su buena voluntad e incluso de sus inquietudes culturales, carecen.
En este contexto de retroceso normativo no se concibe cuáles son los beneficios para los trabajadores que contiene el DNU, en su aspecto material.
Precisamente lo que han hecho los damnificados desde la sanción de la Ley 24.557, es escapar al cepo, al cerrojo de este sistema manejado y controlado en definitiva por las Aseguradoras, y recurrir a la Justicia, como la alternativa de obtener reparaciones más justas, en el marco del proceso judicial con las garantías de defensa en juicio y del debido proceso.
Tampoco es cierto que haya disminuido la siniestralidad, como se afirma sin mayores precisiones estadísticas.
El nivel de la accidentología existente, es el principal factor de la generación de causas judiciales, ya que detrás de cada juicio hay un accidente o enfermedad laboral.
Se guarda silencio sobre la relación entre ese stock de causas judiciales, que se invoca con tremendismo, y el nivel de siniestralidad existente. En el sector formal, la SRT constata 660.000 infortunios laborales anuales.
De estos siniestros, un porcentaje incierto queda con incapacidad permanente definitiva que da lugar a reparación en algunos casos reconocidos por el sistema (ART y CCMM) y en otros casos es negado.
Tampoco se alude que de estos 660.000 accidentes y enfermedades laborales al año, un porcentaje determinado de damnificados, queda con secuelas de incapacidad permanente definitiva, que admiten una reparación dineraria (reconocida por el sistema: ART y CCMM) y en otros casos desestimadas, o las indemnizaciones otorgadas se consideran insuficientes.
Estas circunstancias originan conflictos y litigios que se dilucidan, como en todo estado de derecho, en sede judicial.
A los componentes de siniestralidad del sector formal hay que adicionarles los casos ocurridos en el 35% del sector informal de la economía, no contemplado por la SRT. Ello totaliza aproximadamente, 900.000 infortunios laborales reales al año, cuya porción no registrada se dilucida en la Justicia.
Además, hay que contemplar que una porción de los juicios que computa el stock denunciado se refiere a enfermedades laborales no reconocidas por las ART, ni por las Comisiones Médicas, para quienes la mayoría son preexistentes, inculpables: casi nunca laborales.
Las propias estadísticas de la SRT, sólo confirman un de 2% de enfermedades del total de los siniestros, cuando para la OIT existen muchas más enfermedades laborales que accidentes traumáticos.
La OIT a nivel mundial y en promedio refiere un 38% de enfermedades profesionales del total de la accidentología (www.ilo.com) muy distante del infra-registro nacional del referido 2%.
Hay otro factor a considerar. A las estadísticas de la SRT, de las que se nutre la UART y el gobierno, se le escapan más de la mitad de los siniestros que son ocultados por las empresas para no adquirir el “mote” de empresa con elevada siniestralidad y luego ser objeto de auditorías, sufrir aumentos de alícuotas o ser incluidas como empresas testigo.
De modo que una práctica generalizada en las empleadoras es no denunciar a la ART siniestros leves, atendiéndolos “in company”, por un centro médico “amigo”, práctica que se ha convertido en una solución muy conveniente para las empresas, cabalgando sobre la ignorancia de los trabajadores y la mediocre atención médica de los prestadores de las ART. Una parte significativa de los siniestros leves tampoco están reflejados en las estadísticas.
También se invoca el descenso de accidentes mortales reflejado en las estadísticas de la SRT. Otra falacia.
Sucede como vemos a menudo en los diarios, por ejemplo frente a un siniestro en una obra en construcción o una reciente explosión en un área de Metrogas, quienes acuden en primer término, no son los prestadores de las ART, sino los bomberos, el SAME y otros servicios públicos de emergencia, a donde son derivados.
De modo tal que esos accidentes fatales luego no son registrados en las estadísticas oficiales.
Parece raro en un país en el que se cuestionan todo tipo de estadísticas, las únicas que parecen confiables y a prueba de toda duda son las de la SRT. ¡Sospechoso indicio!
En síntesis, la relación entre la siniestralidad reconocida y la oculta, además del derecho constitucional de acceder libremente a la justicia para reclamar lo que legítimamente le corresponde a las víctimas de accidentes y enfermedades, explica la existencia de estos juicios.
Ese derecho constitucional conferido por la Corte, que ahora se cercena en forma autoritaria, en nada impedía que el trabajador que lo deseara pudiera continuar concurriendo voluntariamente a las CCMM.
Entonces lo que se propone no es la resolución de los conflictos sino ahogarlos, restringirlos en el ‘desprotectorio’ escenario de las CCMM, donde los médicos se convierten en jueces.