El Gobierno decidió impulsar en el Congreso la modificación de la ley de riesgos del trabajo. Esto es por la gran cantidad de juicios, unos 100.000 anuales y un stock de 387.000 juicios.
Gustavo Morón, Superintendente de Riesgos del Trabajo le dijo a Clarín que esa ola de juicios de los trabajadores damnificados se debe a “que en la actualidad el 70% de las contingencias se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoriedad de la intervención previa de las Comisiones Medicas del sistema de riesgos del trabajo”. En consecuencia, uno de los ejes centrales del cambio en la ley es que “las controversias por un accidente de trabajo deba dirimirse en el fuero de la Seguridad Social y no el fuero Laboral”.
La iniciativa oficial tiene el respaldo de la Unión de ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), la cámara que agrupa a las Aseguradoras y la oposición de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Tanto la Superintendencia como la Unión de ART dicen que hay una elevada cantidad de juicios por la permisividad de la Justicia del Trabajo, algo que rechazan en la AAL.
El sistema de ART alcanza a 9.869.790 trabajadores, incluyendo al personal de casas particulares, empleados en 978.677 empresas, firmas o empleadores. El costo promedio que pagan los empleadores a las ART es del 3,4% de la masa salarial, con grandes variaciones, en más y en menos, según el nivel de riesgo y de siniestralidad de cada actividad y de cada empresa.
El sistema, que cubre las prestaciones médicas y las indemnizaciones temporarias y definitivas tiene más de 100.000 juicios por año, incluyendo los de enfermedades laborales no reconocidos por el sistema, sobre 660.000 accidentes y enfermedades laborales al año. De ese total unos 140.000 son accidentes “in itinere” ( ida y vuelta de la casa al trabajo), ajenos a los empleadores. El stock de juicios suma 387.000.
Para Morón el sistema de riesgos del trabajo es “un derecho a tener una cobertura por accidente como lo es el derecho a tener una obra social”. Y por eso “queremos que se ratifique la pertenencia del Sistema de Riesgos del Trabajo al régimen de seguridad social, de contenido federal, para resolver los factores negativos de la litigiosidad”.
El Superintendente admite que se necesita mejorar la respuesta a las demandas de los damnificados. “Que el ciudadano vea que el sistema da respuesta genuina a sus demandas y eso tendrá un impacto positivo en la disminución de la litigiosidad. El proceso actual entre el inicio del trámite, estudios, audiencia médica pasando por el área de legales, es una desidia que conspira contra el trabajador y un estado moderno. Por eso, proyectamos reducir el burocrático circuito de trámites para que el trabajador afectado por un accidente laboral o una enfermedad profesional tenga una respuesta, rápida y justa en el menor tiempo posible”.
Los abogados laboralistas rechazan la postura oficial. Dicen que en varios fallos la Corte Suprema declaró inconstitucional la obligación del trabajador damnificado de recurrir a las Comisiones Médicas y ratificó la competencia de la Justicia del Trabajo. Sin embargo, ahora las ART ponderan que la semana pasada la Corte Suprema resolvió que las mayores indemnizaciones en favor de los damnificados establecidas en la Ley 26.773, de octubre de 2012, no pueden ser aplicados a reclamos efectuados antes de la promulgación de dicha ley. Se viene otro fuerte debate.
