La litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo se multiplicó por 40 desde 2003. Afectados por la suba de las alícuotas, los empresarios buscan soluciones en conjunto con los sindicatos, las ART y el Gobierno.
Un mundo cada vez más ofertado, el incremento de tarifas y la depresión (¿temporal?) del mercado interno obligan a las empresas a ser más competitivas, una tarea que requiere aguzar el ingenio para atacar nuevos y viejos problemas.
Los tiempos difíciles dejan al descubierto situaciones que de otra manera quizás pasarían desapercibidas; es que la bonanza muchas veces atenta contra la eficiencia productiva. En este escenario, la mira de los empresarios se posa en la judicialización del sistema de riesgos del trabajo y en el ausentismo laboral, dos aspectos de un mismo problema.
Creado hace 20 años, el sistema de riesgos del trabajo (SRT) exhibe números que, más allá de las vicisitudes político-económicas, muestran un probado resultado. Por caso, se estima que las tareas de prevención, a partir de la amalgama de empresas, sindicatos, Estado y ART, evitaron 8.700 muertes por accidentes de trabajo, lo que representa una caída del 69% para este tipo de siniestros, medidos desde 1997. En tanto que los accidentes laborales se redujeron un 33% desde 1998, mientras en paralelo crecieron distintos indicadores de gestión, como las recomendaciones realizadas a las empresas que crecieron un 271% y las visitas de control con un aumento del 361%. Sin embargo, como contracara, desde el año 2003 los juicios en reclamo de indemnizaciones se dispararon un 3.895%, demandas dirigidas contra las ART, lo que implica que las aseguradoras deban subir la tarifa de la alícuota por trabajador que cobran a las empresas para hacer previsión del pago de los juicios.
INICIATIVA
En los últimos tiempos varias entidades empresarias y asociaciones pymes advirtieron sobre la necesidad de reformar el SRT, ante la imposibilidad de seguir afrontando un incremento en la prima. Mientras el Ministerio de Trabajo avanza con una mesa de diálogo para buscar alternativas a la Ley de ART, desde el sector privado comienzan a abrirse distintos espacios de debate para analizar una salida a la alta litigiosidad.
En el Gobierno consideran imprescindible repensar las prestaciones de riesgos del trabajo en el marco de una reforma integral del sistema de seguridad social. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo que “es necesario modificar el sistema de riesgos del trabajo porque hay un aumento de la litigiosidad y eso afecta a las empresas porque las ART deben subir los costos de cobertura que les cobran a las empresas”. Sin embargo, durante su participación en la 1ª Jornada Nacional de Justicia Laboral por el Desarrollo Industrial realizada en La Rioja, el titular de la cartera laboral aclaró que “en estos 20 años del sistema hemos avanzado en la prevención” y agregó que “no es necesario cambiar todo”.
Por su parte, el superintendente de Riesgos de Trabajo, Gustavo Morón, hizo hincapié en que “la litigiosidad perjudica a las empresas, a los trabajadores y a las aseguradoras, beneficiando sólo a un grupo que vive de la industria del juicio”. El funcionario aseguró que “todos tenemos que ocuparnos de este problema si queremos que el sistema funcione correctamente”.
La preocupación por la situación de la judicialización mantiene en alerta a los empresarios, de hecho Teddy Karagozian, CEO de TN&Platex, aseguró que “emplear hoy en la Argentina es un dolor de cabeza” y advirtió que “la industria del juicio es lo que mata a la industria y el empleo de nuestro país”.
En el mismo sentido, ante la consulta de Ámbito Biz, Daniel Funes de Rioja, presidente de la COPAL y miembro de la UIA, sostuvo que “un régimen de seguro no es un elástico, debe tener previsibilidad no sólo para el empresario que sabe que tiene un seguro y que tiene una prima o alícuota que sabe que puede pagar, sino para el trabajador que sabe que tiene una cobertura. La única forma de estar asegurado es tener un seguro que sea integral que va desde la asistencia médica hasta la indemnización, la rehabilitación y la reinserción y esto implica prestaciones múltiples e indeminizaciones acotadas, tarifadas, razonables y justas. Y la industria del juicio conspira contra ese objetivo, no se trata de prohibir la judicialización porque cada uno tiene derecho a litigar sino que tiene que llegar a juicio sólo en caso excepcional, porque cuando el juicio es la norma y no la excepción es que el sistema está mal”.
Al tema de la litigiosidad se suma el impacto del ausentismo de los trabajadores que genera una dificultad directa en la producción. Los empresarios sostienen que muchas veces hay que esperar a iniciar la jornada para diagramar las tareas.
Un caso testigo es la tarea realizada por Tomás Karagozian, parte de la dinastía de la hilandería TN&Platex, y el abogado Andrés Prieto Fasano, quienes se centraron en bajar el ausentismo que sufría la planta de la empresa textil en La Rioja. “Mientras en el estándar el ausentismo es de entre el 2% y 5%, en La Rioja teníamos entre un 13% a 14%. Entonces, empezamos el análisis, siempre conscientes de que sin el trabajador no podemos producir, y emprendimos una tarea de contención de los trabajadores en forma conjunta con la ART. Hoy en día tenemos un 5% de ausentismo, lo que es un caso de éxito para nosotros. Es por eso que decidimos llevar esto a una agenda pública para involucrar al Estado, y debatir que el trabajador tiene derecho a estar bien y a ser indemnizado, pero también si el empresario no puede producir ni invertir, no llegamos a nada”. En esa línea, Tomás Karagozian contó que “nuestra primera conclusión fue que la hipótesis de la que habíamos partido de que nuestra gente no quería trabajar, era falsa. Al final lo que pasaba era que había ciertos actores que son algunos de los abogados y médicos laboralistas que empezaron a crecer a costa de la industria nacional, afectando a las empresas, por ende, a las ART y a la gente”.
Números
En un sistema que brinda cobertura a 10 millones de trabajadores y 1,5 millón de empresas, la litigiosidad está vinculada a distintos factores que competen a los diversos actores involucrados en el sistema como empresas, sindicatos, ART, jueces, abogados y peritos, pero además obedece a ciertos vectores socio-culturales.
Desde el sector asegurador y empresario muestran como evidencia de esta problemática, el hecho de que pese a las mejoras en los indicadores de gestión de las ART, los juicios continúan en aumento. Claro que desde la reforma de 2012 que eliminó la “doble vía” y estableció una actualización semestral de los montos indemnizatorios, los juicios civiles contra los empleadores bajaron notablemente redireccionándose hacia las ART.
Mara Bettiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) resaltó que en 20 años de sistema “independientemente de la actividad económica, sistemáticamente ha habido una caída en el indicador de trabajadores fallecidos por millón, pasando de 149 en 1997 a 46 en 2015”. En ese sentido, agregó que “esto es posible gracias al trabajo en la prevención en el que cada uno cumple un rol. El empleador al cumplir con las normas de higiene y seguridad, la ART asesorando, el Estado fiscalizando y regulando y los sindicatos protegiendo los derechos de lo trabajadores, y gracias a este trabajo conjunto pero con roles definidos podemos mostrar estos resultados”.
Para Roy Humphreys, gerente general de Experta ART, “el sistema nació sin litigiosidad y sin reclamo judicial, y a lo largo del tiempo se ha judicializado tremendamente. Lo que antes debía reclamarse ante una ventanilla en un procedimiento administrativo hoy se está reclamando en sede judicial. Hay muchos incentivos que han generado esto”.
Según los datos de la cartera Experta ART, las incapacidades que se reconocen en el sistema están en promedio en el 9%, ahora si ese reclamo se realiza en sede judicial llega al 16% pero si esa incapacidad promedio se le suman los intereses y las costas del proceso judicial se llega al 28% de incapacidad promedio. Esto se traduce en un mayor costo que tiene la cobertura y menor competitividad para las empresas.
“Un hecho que se está viendo es que casi el 50% de las demandas son de trabajadores que están en nómina al momento iniciar la demanda. O sea tuvieron un accidente o una enfermedad profesional, recibieron la prestación médica y aún en su puesto de trabajo están haciendo una demanda”, reveló Humphreys. Y alertó: “Es un llamado de atención no solamente para nosotros como gestores del riesgo sino para nuestros clientes en términos de poder trabajar conjuntamente para contener a este trabajador y evitar que esa demanda se produzca. Evidentemente la industria judicial llega cada vez mucho más rápido”.
Un punto de vista interesante a la problemática la aportó el juez del tribunal del Trabajo de San Isidro, Osvaldo Maddaloni, quien sostuvo que “la pregunta del millón es que hace que un trabajador que a priori entró al sistema, se fugue del sistema. En realidad es una fuga hacia un lugar en donde no es bien recibido, es una fuga hacia la justicia del trabajo, una justicia lenta, de donde mínimamente tiene de 2 a 3 años para obtener una sentencia de primera instancia, con una tasa de interés que no es buena, que para los últimos tres años fue del 68% de junio de 2013 a junio 2016. Quiere decir que con la inflación el trabajador juega a pérdida, pierde en tres años un 30% o 40% del capital”.
Según los especialistas, diversos aspectos promueven la litigiosidad. Por un lado, los abogados que están a la “caza” de trabajadores accidentados para seducirlos con ganancias suculentas si hacen un juicio, y por otra parte, la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (Baremo ART) es un tanto flexible al momento de definir las incapacidades, lo que abre una puerta de conflicto en la determinación de las indemnizaciones administrativa y judicial. Además, en el sistema se da una situación cuanto menos llamativa: los peritos médicos cobran sus honorarios en función del porcentaje de incapacidad que se defina.
En cuanto a las soluciones para disminuir la litigiosidad, como cualquier sistema asegurador, el SRT debe reencauzar sus esfuerzos hacia la certidumbre y la automaticidad, dos factores clave para potenciarlo. Para ello, consideran en el sector, es necesario unificar los criterios a nivel judicial y se debe desacoplar los honorarios de los peritos del porcentaje de incapacidad determinado y que cobren por su trabajo médico. En ese sentido, es imprescindible la puesta en valor del Baremo para la determinación de la incapacidad.
Por otra parte, hay coincidencia en que en pos de disminuir la conflictividad, el nuevo proyecto de Ley de ART debería rediseñar el procedimiento administrativo previo y posterior al siniestro para la resolución de las discrepancias, sin por ello poner en riesgo lo derechos de los trabajadores en cuanto a definición de contingencias y prestaciones.
FUENTE | http://www.ambito.com/
