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Son casos tomados al azar tanto en Nación, como en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Algunos trabajaron años precarizados, en negro y cobrando por debajo de la línea de pobreza. Hoy sufren las consecuencias de los recortes que impulsa el Gobierno.

Para el gobierno de Cambiemos son números, un frío casillero de Excel, un costo a suprimir. Las oleadas de trabajadores despedidos en el Estado dejaron detrás una estela de incertidumbre, miedo y disciplinamiento. Los que conservan su empleo o permanecen bajo distintas formas de contratación, perciben que el destino reservado a sus ex compañeros les puede tocar a ellos en cualquier momento. Maximiliano cobra por recibo 10.670,40 pesos en la obra social del Ministerio de Defensa, con algo más de cuatro años de antigüedad. Rolando, un encuestador del Indec, percibe unos 14.500 de sueldo con 16 años de servicio. Una enfermera del hospital Borda que pide reserva de su nombre, cuenta que “estamos pendientes de por dónde nos van a ajustar”. Un maestro de escuela bonaerense sin antigüedad ingresa con 12.150,94 de salario. Una cifra semejante le paga la Superintendencia de Riesgos del Trabajo al recepcionista que atiende denuncias de accidentes laborales en el call center. El personal de maestranza del Ministerio de Justicia y Seguridad nacional recibe 16 mil pesos con 10 años en el puesto. Un médico de planta que ingresa al sistema de salud bonaerense lo hace con unos 20 mil pesos de sueldo por 36 horas semanales. Son casos tomados al azar en la Nación, la CABA y la provincia gobernada por María Eugenia Vidal. Y deberían compararse con lo que debe recibir una familia tipo para no ser pobre: 15.676 pesos a octubre pasado.

El personal civil de las Fuerzas Armadas reúne a unos 20 mil trabajadores en todo el país. 219 de ellos fueron despedidos de Fanazul a principios de año. “El cierre de la fábrica, la desaparición del submarino ARA San Juan, los aviones caídos en los últimos años, son golpes que los compañeros vienen sintiendo”, cuenta Maximiliano, empleado y delegado en el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). Su sueldo formal es de 10.670,40 pesos. Lo mejora un bono de 2.400 que percibe en negro por decisión del gobierno de Mauricio Macri. En su área avanza la precarización: hay hasta un 60 por ciento de contratados con varios años de antigüedad, un convenio paritario a la baja, la quita de horas extras y de un período de vacaciones de invierno que ya no se reconocerá. Además, se ensancha la brecha con el personal militar. Un voluntario que recién se engancha en la Marina o el Ejército cobra más que Maximiliano con casi 4 años y medio como empleado.

Rolando es perseguido en el Indec porque no calla su propia historia. Es el padre de un bombero muerto en la tragedia de Iron Mountain. Denunció a sus superiores, declaró contra Juan José Gómez Centurión –el ex responsable de la AGC porteña que no controló el depósito de Barracas– y desde ese momento cayó en desgracia. Es encuestador, pero lo mantienen en el freezer. No le asignan tareas. Ya ni siquiera puede sentir la adrenalina del peligro de trabajar en la calle. Una vez le pusieron un arma de fuego en el estómago. Estaba tomando una muestra. Encasillado en la categoría D5, cobra de bolsillo unos 14.500 pesos mensuales.

Una enfermera que trabaja en el hospital Borda gana un sueldo neto de 16 mil y pico de pesos. La insalubridad de la tarea la coloca en un régimen de seis horas diarias. Todavía no vio los despidos de cerca, pero ya sufre los recortes. Pide anonimato para contarlo: “No son en medicamentos, pero sí en insumos como guantes, pañales para enfermos o papel higiénico”, enumera. También denuncia que “al trabajo en salud mental lo están desmembrando. El fin es externar cada vez más pacientes y que los pocos que queden, sirvan de conejillos de Indias para los laboratorios”. Habla de un hospital público de la CABA, la ciudad con mayor presupuesto del país.

Mucho más precaria es la situación en el sistema de salud bonaerense. Orlando es médico neonatólogo del hospital Manuel Belgrano de San Martín e integra la conducción del gremio Cicop. Dice que su mujer –profesional como él y colega– cobra en el sistema público porteño casi el doble de su salario. “La pirámide salarial es mucho más alta. La provincia tiene 80 hospitales y algunos en pésimas condiciones, como el Meléndez de Adrogué, el Mercante de José C. Paz, el Cordero de San Fernando y el Magdalena Martínez de Pacheco” cuenta. Sufrió hipertensión hace años por el estrés que le provocaban tres guardias de 24 horas por semana. Fanático de Astor Piazzolla, acaba de publicar un libro sobre el músico.

Los trabajadores docentes son los otros ninguneados por el gobierno bonaerense. El decreto 52/2018 que acaba de firmar el presidente Macri suprime la paritaria nacional. Jaquea la representación del gremio más numeroso Ctera y dinamita la negociación salarial en la provincia. Un maestro de primaria que recién empieza su carrera gana 12.150,94 pesos según la última escala salarial a junio de 2017 publicada por Suteba. Si su antigüedad es la máxima, llega a 16.289,64 pesos. En la enseñanza media, un preceptor está por debajo de aquel mínimo (10.858,52) y un profesor recién recibido que cobra por módulos, parte de un salario de unos 20 mil pesos mensuales a razón de veinte horas semanales. En febrero, unos 7.000 profesores no titulados que daban clase en la provincia, se quedarán sin trabajo. No se les renovarán los contratos, a lo que se oponen los gremios. Este escenario prevé una conflictividad laboral igual o superior a la de 2017.

Que la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto millonario, incluso el más alto de su historia, lo prueban los 222.383 millones que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta puede gastar este año. Pero el trabajo continúa precarizado, tiene un alto porcentaje de contratos basura –en algunos ministerios llega al 40 por ciento– y la disparidad salarial es gigantesca. En la cartera de Desarrollo Económico porteña, un profesional con veinte años de antigüedad percibe un sueldo de bolsillo de casi 22 mil pesos.

La problemática no difiere en su matriz de lo que pasa en el Estado nacional. En el ministerio de Justicia y Seguridad que controla Germán Garavano las modalidades de contratación son muy diferentes. A igual tarea, el sueldo puede diferir muchísimo. Dos profesionales con título y la misma antigüedad, pueden cobrar hasta con 7.000 pesos de diferencia. En la base de la pirámide, el personal de maestranza con diez años de antigüedad ronda los 16 mil pesos de ingresos. “Todo es muy desparejo y no hay ninguna relación razonable entre lo que hace cada uno y lo que cobra”, cuenta Martín, un contratado.

En organismos tan distintos del Estado nacional como el Instituto del Cine (Incaa) o la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), las condiciones laborales de los que permanecen, son de inestabilidad, precarización y están cruzadas por un futuro incierto. Ingrid es delegada de la junta interna de ATE en el Incaa. Cuenta que “en la planta permanente hay 418 trabajadores y 143 que figuran en la transitoria”, como en su caso. Pero debajo están los que son sometidos a contratos de locación de obra. Cobran contra una factura, no reciben aguinaldo ni obra social. El ingreso promedio de un trabajador del Instituto es de 27.464 pesos, sin contabilizar a los más indefensos bajo aquella modalidad contractual.

“La gente tiene miedo de hablar en los pasillos del Ministerio o en la propia Superintendencia, lo hace cuando sale o en un bar, porque hubo casos de compañeros que terminaron en la calle”, cuenta un trabajador de la SRT. El caso al que se refiere es el del sociólogo Brian Covaro, despedido del organismo porque cuestionó una decisión del Indec en una entrevista que le concedió a la agencia Paco Urondo el 28 de agosto pasado. Habló de los cambios metodológicos impuestos por Jorge Todesca y lo echaron sin causa. Llevaba 8 años de antigüedad en la SRT – a la que no se refirió en el reportaje- y era afiliado a UPCN. Fue un claro ejemplo de persecución ideológica.

La semana pasada se conoció un video donde se observa a la responsable de recursos humanos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Giselle de los Angeles Tasin Pavan. La funcionaria daba una clase de coaching para suspender a un interlocutor imaginario. Un tal Pedro, al que le informaba su infausto destino. Juanes o Pedros, Martas o Lauras se cuentan de a miles y temen quedarse sin sustento. Esperan que en cualquier momento vayan por ellos. En el Senasa acaban de despedir a 130 trabajadores.

Ya lo había anunciado en noviembre el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, el diseñador de esta política del gobierno. El CEO que hizo carrera en Socma declaró que no descartaba nuevos despidos. Se están produciendo a cada momento y los planificó desde que llegó a su cargo mediante un instructivo. Ya contaba con experiencia en el rubro. Dejó unos tres mil desocupados como director del Correo, pasó la tijera en el gobierno porteño y ahora lo hace desde la Nación. En diciembre echó a 130 contratados de su ministerio y nunca se le mueve un músculo de la cara.

Fuente: Pagina12