Sólo en la Capital, cada juzgado recibe 100 demandas por mes, el doble de lo que pueden tratar; los especialistas dicen que las firmas pequeñas sufren más porque desconocen las leyes.
En la Argentina hay 850.000 pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99% de las compañías y que proporcionan el 70% del empleo formal, es decir, en ellas trabajan 4,1 millones de personas, según datos del Ministerio de Producción.
Mientras que las empresas grandes y multinacionales están acostumbradas al asesoramiento legal preventivo en materia laboral, muchas pymes todavía navegan en el desconocimiento de las leyes y se encuentran con juicios que superan sus ingresos, por lo que temen tomar más gente. No todo es tener al trabajador registrado; las leyes van mucho más allá.
Con tribunales saturados y juicios que tardan unos 5 años, los pleitos fueron creciendo año tras año. Sólo en cuatro meses de 2017, en el ámbito de la Capital Federal, ingresaron 33.000 demandas para sólo 80 juzgados. Son un promedio de 100 juicios por mes y por juzgado, según los últimos datos de los que dispone la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y el doble de los que pueden asumir los tribunales, que son unos 50 cada uno. Al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) llegaron este año 47.725 expedientes y hubo 15.794 acuerdos.
La progresión va en ascenso: en 2011 fueron 58.000 juicios; en 2012 llegaron a 63.000; en 2013, fueron 70.000; en 2014, 78.000; en 2015 treparon a 91.000 y, en 2016, 115.000. La composición de los juicios hasta ahora era 70% por riesgos del trabajo y 30% por despidos y empleo no registrado, pero los números pueden variar a partir de la reforma de la ley de riesgos del trabajo, vigente desde marzo de este año.
“El derecho del trabajo protege al trabajador. Le da ciertas facilidades probatorias y tiene presunciones a su favor. Son los principios generales del derecho del trabajo, avalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esto es así porque se considera que en la relación, el trabajador es la parte más débil”, dice el abogado Omar Yasin, director general de Relaciones Individuales del Ministerio de Trabajo, a cargo del Servicio de Conciliación Laboral (Seclo) y del programa Asistir, que brinda asesoramiento gratuito a los trabajadores.
Sin embargo, son las pymes las que se sienten desprotegidas. Para Yasin, sobre todo en el caso de las pequeñas firmas, suelen darse fallas en la manera de registrar a los trabajadores, o situaciones de informalidad que están penadas por la ley. De hecho, los asalariados sin descuento jubilatorio llegan al 33,6%, según el Indec. “Cuando hay mala registración, la ley considera que la culpa es siempre del empleador”, aclara. A esta situación se suman otras por desconocimiento de las obligaciones que establece el derecho laboral, sobre todo respecto de qué es o no parte del salario.
Por otro lado, el diputado y experto laboralista Héctor Recalde, para probar que no todos los resultados son a favor del empleado, dice que “en los últimos 10 años hubo 20 fallos plenarios, 10 a favor del empleador, 10 a favor del trabajador, por lo que la balanza está bastante equilibrada”.
Según los expertos, en caso de juicio el trabajador tiende a conciliar porque no quiere esperar los 5 años promedio que lleva un pleito laboral. La conciliación, en cambio, lleva por ley 20 días hábiles, aunque a veces se extiende hasta los dos meses. Los abogados cobran un 20% del total al trabajador y un 20% al empleador.
“Es una injusticia para el empleador que tenga que pagar costos si gana un juicio”, afirma Recalde. “Hay malos abogados laboralistas como hay malos profesionales en todos los ámbitos, que usan estos costos como extorsión para el empleador”, interpreta el presidente del bloque del Frente para la Victoria.
De hecho, hay denuncias penales del Seclo a un pequeño grupo de abogados, alrededor de 30, que según las autoridades, hacían denuncias fraudulentas, sobre todo en el caso de los juicios contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
Fuentes de Trabajo explican que están trabajando para que “la propuesta de blanqueo de los trabajadores salga rápidamente y se pueda bajar el nivel de litigiosidad”, aunque no confirmaron cuándo se enviará un proyecto de ley al respecto y tampoco si se está pensando en un decreto.
“Tenemos una legislación laboral de hace muchos años, pensada para la gran empresa industrial”, dice el abogado laboralista Ricardo Foglia. “La ley de contrato de trabajo es de 1974. En esos años había otro modelo productivo. Hoy tienen mucha importancia las pymes, que son las mayores empleadoras del país, pero la ley les impone normas, condiciones y costos que son de difícil cumplimiento. Deberían tener un régimen especial general y no una cantidad de normas inconexas. Las pymes necesitan un régimen único y realista.”
Una instancia intermedia es lo que intenta promover Trabajo para bajar la litigiosidad. “Tenemos una etapa previa al juicio, que es la conciliación laboral”, dice Yasin. En el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo (de la Capital Federal) es un procedimiento obligatorio desde 1997, por ello ingresa un tercio menos de demandas por juicios laborales. Nuestra intención es fomentar el Seclo en el interior. No puede ser que en el país cada despido sea un juicio.”
FUENTE | http://www.lanacion.com.ar/
